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La Tribuna

Solicitarán revisión de medida que raciona agua potable rural de Negrete

por Alejandra Sánchez

La máxima autoridad regional y dirigentes de las zonas afectadas aseguraron estar dispuestos a agotar las instancias para lograr revertir una medida que consideran un atropello a sus derechos humanos.

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Desconcierto ha ocasionado en la comunidad negretina, el decreto emitido por la Intendencia de Biobío y en el que se informa de nuevas restricciones a la entrega de agua potable en camiones aljibes a familias del sector rural.

Ante los reclamos de los afectados por este reajuste del vital recurso, el alcalde de la comuna de Negrete, Francisco Melo, solicitará la revisión de la medida que complica aún más la situación de cientos de vecinos afectados por el déficit hídrico.

En este sentido, “nos hemos reunido con los dirigentes de los sectores afectados que están muy preocupados por esta nueva disposición que raciona casi a la mitad la entrega de un elemento tan importante para la vida humana como lo es el agua, más aún en esta época en que las altas temperaturas hacen más imprescindible aún contar con ella en el hogar”, expresó el edil.

Asimismo, agregó que los vecinos han sido escuchados y “hemos sido muy claros en exponer que vamos a realizar todas las gestiones necesarias para solucionar este difícil escenario para nuestros vecinos que ya venían lidiando con la incómoda situación de vivir sin agua en sus casas y tener que depender de la entrega de los camiones aljibes”, puntualizó Melo.

El decreto expone, entre otras disposiciones, que cada municipio debe proveer los vehículos necesarios para el transporte y distribución del elemento, así como la reducción en la cantidad de litros diarios distribuidos por persona (en un rango de 30 a 50lts.), los que hasta antes de esta nueva reglamentación, no tenían límite de entrega, y que serán entregados parcialmente o de una sola vez cada semana.

La situación preocupa porque la medida raciona aún más el acceso al agua potable por parte de vecinos que aún no cuentan con plantas de APR en sus sectores.

Por su parte, los dirigentes afectados expresaron estar dispuestos a llegar hasta las últimas instancias puesto que consideran esta nueva normativa como un atropello a un derecho tan básico como contar con agua para el consumo humano.

De igual forma, llamaron a la primera autoridad de la región, Rodrigo Díaz, a ponerse en sus zapatos por un momento y así reconsiderar la nueva disposición que les afecta.

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