La propuesta del ministro de Agricultura, Jaime Campos, de cobrar por el uso de agua para riego ha desatado un debate nacional. La autoridad argumentó que es un recurso escaso con un costo real, gatillando el rechazo del sector agrícola, el cual pide mayor diálogo. No obstante, lejos de cerrarse a la discusión sobre la sostenibilidad hídrica, los representantes de los productores, agrupados en el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), aclararon que los agricultores deben contribuir a financiar la infraestructura que aumente la disponibilidad hídrica, en lugar de realizar un pago directo por el recurso en sí. Así, el foco de la discusión se desplaza hacia un modelo colaborativo frente al escenario de escasez.
PROPUESTA MINISTERIAL Y RECHAZO DE LOS GREMIOS
El ministro Jaime Campos propuso que los agricultores comiencen a pagar por el uso de agua para el riego debido a que no es un recurso infinito. Indicó que la administración planea "cambiar el switch" para que todos asuman el costo de uso y disposición del recurso. De todas formas, el mecanismo concreto para implementar este cobro futuro aún debe ser definido por el Estado.
La propuesta generó un rechazo inmediato. Gremios como los Agricultores de Malleco emplazaron al ministro, señalando que el sector no está acostumbrado a este tipo de pagos y pidiendo al gobierno evitar medidas unilaterales, abriendo canales reales de conversación antes de legislar.
FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VERSUS COBRO POR EL AGUA
José Miguel Stegmeier, presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), precisó la postura gremial, coincidiendo con diálogos previos sostenidos con el propio ministro. Stegmeier aclaró que, según entienden, los agricultores y usuarios del agua deben contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento de infraestructura que permita incrementar la disponibilidad de agua.
Para el CAS, el centro de la discusión no es pagar por el recurso hídrico, sino participar activamente en costear las obras que posibilitan su almacenamiento y cuidado. Con esto, buscan redirigir el debate desde una tarifa de uso hacia una inversión colectiva en obras de acumulación. "No se trata de 'pagar por el agua', sino de participar en el financiamiento de las obras que hacen posible su almacenamiento", declaró José Miguel Stegmeier.
INVERSIONES Y COSTOS ACTUALES ASUMIDOS POR LOS AGRICULTORES
El CAS remarcó que los agricultores ya asumen cuantiosos costos relacionados con el agua. A través de las organizaciones de usuarios, el sector costea en su totalidad la administración, operación y gestión de los recursos hídricos en el país.
Asimismo, el sector agrícola ejecuta inversiones de gran envergadura en la mantención y modernización de la infraestructura de riego, tanto a nivel predial como extrapredial. Esto incluye la reparación de canales, compuertas, obras de conducción y distribución, además de tecnologías para lograr un uso cada vez más eficiente del agua.
Para el riego en el sur, el CAS sostiene que se requiere un compromiso estatal decidido, complementado con inversión privada. La experiencia demuestra que la inversión pública por sí sola no ha respondido a este desafío, lo que se evidencia en el retraso de la construcción de embalses.
Para acelerar la edificación de estas grandes obras frente al cambio climático, las concesiones surgen como una opción viable. Estas obras deben diseñarse con un enfoque multipropósito integral que considere el riego agrícola, consumo humano y animal, control de inundaciones, combate de incendios, turismo y otros usos estratégicos para el desarrollo regional.
ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO Y FOMENTO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA
Resulta indispensable, según el gremio, mantener el apoyo subsidiario estatal para la pequeña y mediana agricultura, incluida la agricultura familiar campesina. Estos grupos vulnerables no poseen la capacidad financiera para abordar grandes inversiones en infraestructura de riego.
El acceso al riego aumenta la productividad y rentabilidad, diversifica la producción y genera mayor actividad económica, recuperando con el tiempo una parte de la inversión estatal. Por ende, la infraestructura hídrica debe entenderse como una invención estratégica para el desarrollo y la seguridad alimentaria nacional.
AVANCES NORMATIVOS PARALELOS EN UN CONTEXTO DE ESCASEZ
En paralelo a esta discusión, el Estado ha impulsado medidas frente a la escasez hídrica y en el marco de reformas como la Ley 21.435. Destaca la aprobación en comités ministeriales del uso de aguas grises tratadas para el riego de ciertos cultivos agrícolas, abriendo nuevas opciones técnicas para el sector.
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