martes 17 de septiembre, 2019

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ORGANIZACIONES DE USUARIOS FRENTE A LA SEQUÍA (parte 2)


 Por CAROLINA BASSO

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Quizás la forma más gráfica de dimensionar el rol de las organizaciones de usuarios frente a escenarios, cada vez más continuados, de escasez hídrica, es determinar la cantidad de causas judiciales por disputas de usos ilegítimos o abusivos de agua. En efecto, siendo el agua un recurso tan vital para la vida y el desarrollo humano, las causas judiciales que de su uso se originan son, sin lugar a dudas, bastantes menores que aquellas que se deben a conflictos por diversas causas de la convivencia humana, como los robos, violencia intrafamiliar, infracciones de tránsito etc.

 

La gran diferencia está dada por el rol que juegan las organizaciones de usuarios, transformándose en instancias de solución de conflictos, ya sea mediante la aplicación administrativa de las normas legales imperantes, como también, de la posibilidad de consensuar soluciones que hagan más justas y comprensibles las vías de acción frente a confrontación de intereses.

 

En el escenario de escasez hídrica, cobran importancia disposiciones legales específicas, así como también ciertas convenciones que hacen posible manejar este tipo de situaciones, inhibiendo los potenciales conflictos. Entre las más importantes tenemos las siguientes:

    

–          Al interior de las organizaciones, los derechos de los usuarios son, por sobre todo, una parte alícuota de la disponibilidad de aguas. En efecto, la expresión de volumen por unidad de tiempo en que se suelen establecer los derechos de aguas, son, en estricto sentido, una expresión referencial frente a una condición de plena disponibilidad, pero en la práctica, cada usuario es dueño de una proporción del agua que existe en la fuente o que se conduce por un canal matriz. Sobre esta verdad, las organizaciones resuelven la problemática de la menor disponibilidad por sequía o escasez.

–          La estructura administrativa que la propia Ley le da a las organizaciones de usuarios, mediante la conformación de un Directorio, con deberes y atribuciones, también definidas por la misma Ley, genera un concepto de orden y organización, donde está claramente establecido donde reside la autoridad y la forma como ésta se ejerce, así como también la subordinación de cada miembro a esta estructura organizacional. Esta definición tan clara respecto de los objetivos de la organización y de su estructura de deberes, atribuciones y derechos, hacen de las Comunidades de Aguas, Asociaciones de Canalistas y Juntas de Vigilancia, organizaciones muy funcionales para enfrentar el stress de la escasez hídrica. Cobran importancia especial en este escenario, las atribuciones directivas definidas en los Art. 241 y 274 del Código de Aguas, en particular aquellas que dicen relación con el Velar porque se respeten los derechos de agua en prorrateo del caudal matriz, impidiendo que se extraigan aguas sin títulos; Distribuir las aguas mediante dispositivos correctamente dimensionados; establecer turnos cuando proceda; declarar la escasez (Juntas de Vigilancia) y fijar las medidas necesaria para actuar en estas circunstancias; representar los intereses de sus comuneros y asociados frente a terceros; etc. También importan las facultades, hacia su interior, de sancionar a quienes no actúa dentro del marco de la ley y afectan los derechos de los demás usuarios.

 

En definitiva, el rol que juegan las organizaciones de usuarios de aguas en condiciones de sequía es, sin duda, de un protagonismo insustituible y libera al estado de una carga que difícilmente podría llevar. El manejo que se alcanza a través de las organizaciones de usuarios en situaciones de sequía, es lejos más eficientes que la alternativa  estatal, consistente en la Intervención de ríos.

 

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