Todo proyecto que aporte al desarrollo sustentable del país sin duda es bienvenido, sobre todo hoy, cuando el manejo responsable de los recursos naturales es una preocupación mundial. Y si se trata de garantizar el buen desempeño de una actividad económica fundamental para Chile como la agrícola, más aún. Y en este contexto, donde urge revisar la factibilidad técnica y económica de un proyecto clave no solo para la producción de alimentos en la región del Biobío, también para un país exportador como Chile.

Se trata de la carretera hídrica, iniciativa de la corporación Reguemos Chile, que a través de la construcción de un gran canal de regadío dividido en cinco tramos, busca captar, almacenar y transportar el excedente de agua principalmente desde el río Queuco en los meses de invierno hacia el norte llegando a la región de Atacama, en donde el agua es escasa y necesaria para distintos usos, como el agrícola.

Esto porque la iniciativa no es menor, pues involucra el regadío de un millón de nuevas hectáreas a nivel nacional, terrenos que, según Reguemos Chile, actualmente no tienen mayor valor ecológico y productivo. Si bien los antecedentes técnicos avalan su puesta en marcha usando 180 mil litros por segundo de las aguas de la cuenca del Biobío, extraídos aguas abajo de la central Pangue, es inevitable no dudar si los cálculos realizados se condicen con una realidad objetiva que al parecer no se ha tomado en cuenta: ¿la carretera hídrica está en condiciones de abastecer de riego a otras regiones si en verano el mayor embalse existente en el país ha estado al borde del racionamiento?

Frente a ello, ¿quién dice que este proyecto, cuyo bien común nadie discute, podría colapsar y ser incapaz de responder ni siquiera a las necesidades de la propia VIII Región?

En este sentido, ¿cómo se aumentará la capacidad de almacenamiento adicional de los embalses Digua, Rapel, Convento Viejo y Colbún, los que al inicio del verano están sobre un 85% de capacidad?

De acuerdo con expertos en el diseño de este tipo de estructuras, se trata de una meta compleja de cubrir, considerando la dificultad ambiental y administrativa para hacer cualquier tranque de temporada sobre 120 mil metro cúbicos.

Todo ello se vuelve más preocupante en un escenario de cambio climático y sus respectivas consecuencias en términos de escasez hídrica. Son absolutamente comprensibles las aprehensiones en torno al proyecto y el estado de alerta bajo el cual la comunidad es testigo del camino que pueda tomar. 

¿Qué impacto puede tener en el consumo humano de agua potable? Por otro lado, ¿qué va a pasar con la demanda de agua de aquellas centrales que están en la cuenca del río Biobío si dicha extracción fuese en la cordillera? ¿Afectaría a todo el sector que baja hasta la costa?

En esa línea, ¿se ha evaluado qué otros potenciales efectos ecológicos y ambientales puede ocasionar la extracción de recursos en invierno?

Podría haber un parangón con la experiencia del canal Laja-Diguillín. Para algunos gremios como la Asociación de Canalistas del Laja, las dudas son legítimas. Dicen que hoy deben operar con un sistema que elevó los meses secos del río Laja de uno a cuatro meses.

¿Por qué no pensar que la sequía podría exacerbarse con la carretera hídrica?

Otro punto fundamental a revisar es la viabilidad de todo proyecto que depende de la evaluación económica. La inversión total de la carretera hídrica podría alcanzar los 30 mil millones de dólares para regar 450 mil hectáreas. ¿No será demasiado para un proyecto subsidiado por el Estado?

Me pregunto si los estudios técnicos que están detrás de la carretera hídrica son serios. Existen innumerables informes, como el de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que consideran la construcción de embalses de diferente magnitud para mejorar y aumentar la superficie de riego en distintas regiones, especialmente en la Sexta, Séptima y Octava Región, el cual plantea que con una inversión de tres mil millones de dólares se podría mejorar la capacidad de embalse de agua y aumentar en 176 mil las hectáreas regadas.

¿Por qué entonces aventurar al Estado en una iniciativa que genera dudas respecto de su diseño e implementación? Sin duda, deben existir otras fórmulas alternativas más eficientes y de mayor seguridad para la región; lo importante es ponerlas sobre la mesa y relevarlas con argumentos.