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La Tribuna

Ex funcionaria pública solicita acatar fallo de la Corte Suprema

por Leyla Bascur

Angélica Godoy, trabajó en el organismo provincial durante los 4 años del gobierno de Michelle Bachelet y fue desvinculada en la administración de María Teresa Browne. A partir de allí todo se ha visto en tribunales.

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“Era funcionaria de Estado, no de acuerdo al gobierno de turno” comienza explicado Angélica Godoy, trabajadora social, al iniciar su relato donde explica cómo fue desvinculada de la Gobernación el 2018 y por qué llevó este caso a la justicia.

“El fallo de la Corte Suprema viene a hacer justicia, a dar la razón a un hecho que nosotros señalamos cuando interpusimos el recurso de protección que en el fondo la medida por la cual me sacaron del cargo fue injustificada, arbitraria, y que no procedía pues siempre me he caracterizado por desempeñarme con excelencia, durante estos años que llevo siendo funcionaria pública, siempre he hecho bien mi trabajo, nunca he tenido ningún tipo de reproche, por lo tanto el cambio de administración no tendría que ser una razón por la cual empezar las cosas mal”, explicó Godoy.  

Según la ex funcionaria de la Gobernación “los motivos claramente no son justificados, no tienen relación con una falta de probidad, o en mis funciones sino que son otros”.

“El cargo que yo ejercía está todo normado, todo reglamentado, no se puede hacer nada que pueda influir el pensamiento político de alguna persona, por lo demás eso sería un error garrafal realizar un acto de esa naturaleza”, declaró Angélica, al ser consultada por cómo impediría ejercer la jefatura desde su tienda política, ya que es militante socialista.

Igualmente la afectada, comentó que la motivación que la llevó a reclamar ante los tribunales fue su hija. “Yo tengo una hija pequeña, en el tiempo que asumió el nuevo Gobierno yo tenía fuero, entonces había un impedimento claro si trataban de desvincularme”.

De los documentos entregados por la afectada, existe uno muy acertado en lo que respecta a lo emanado por la sala suprema: “Se revoca la sentencia apelada de fecha 8 agosto 2018, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido por Angélica Patricia Godoy Salgado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº 235, de fecha 11 de mayo de 2018, ordenándose la reincorporación de la actora a las funciones que desempeñaba como jefe del Departamento Social de la Gobernación Provincial del Biobío”, señala el documento legal.

Este dictamen sería conocido en la Gobernación Provincial, según la trabajadora social, “fue notificada la misma autoridad”, sin embargo, señaló que no tendría respuesta hasta ahora.

RESPUESTA JURÍDICA

Desde la Gobernación Provincial de Biobío, la abogada Andrea Parra expuso las razones de porqué desde el organismo no ha dado respuesta al requerimiento del fallo.

“No corresponde que nos pronunciemos por la siguiente razón: ese fallo se originó de un recurso de protección por acoso laboral que interpuso doña Angélica contra la gobernadora María Teresa Browne y Lorena Espinoza que es la encargada de DAF ese fallo fue rechazado por la Corte de Apelaciones porque se consideró que no había acoso laboral, ni hostigamiento, pero después la Corte Suprema reconoció que no había ambos por lo tanto eximió, no había nada que condenar pero si reparó de oficio el cambio de funciones que Angélica tuvo en su minuto”, detalló la jurista.

En el mismo tema Parra aclaró que “como Angélica ya no es funcionaria de la Gobernación, nosotros ya no podemos pronunciarnos de eso porque cuando a ella no se le renovó su contrato no fue por el tema de cambio de funciones, fue por otro asunto”.

Según la abogada es por ese motivo que la Gobernación no ha dicho nada.

“En todo caso ella tiene demandada a la Gobernación por otro tema y en eso estamos en juicio, ya se nos notificó la demanda y el Consejo de Defensa del Estado se hizo cargo de la defensa jurídica”.

Asimismo, lo que explicó la jurista frente al concepto de reintegrar a Godoy al cargo es que existe una respuesta jurídica. “En el sistema procesal cuando hay una sentencia que no se puede ejecutar por falta de oportunidad, se aplica una excepción que es “la falta de oportunidad” porque ella no es funcionaria de la Gobernación”.

Finalmente, Parra aseguró que “otra cosa es lo que ordene el Tribunal en la causa que actualmente lleva Godoy (Tutela laboral) y la sentencia ordene reintegrar a la trabajadora social como funcionaria de la Gobernación, si es que ella estuviese ejerciendo sus funciones en el organismo provincial, es decir, habría que cambiarla a las funciones originales de jefa de Departamento Social”. 

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