Presidenta del Consejo Regional valora avances en materia de gobiernos regionales

El gobierno ingresó esta semana a la Contraloría cinco decretos supremos firmados por el presidente Sebastián Piñera, los que identifican las primeras competencias que se van a transferir a los nuevos gobernadores regionales, autoridades que desde octubre de 2020 se elegirán por votación directa y reemplazarán a la figura del actual intendente.

Es por esto que una de las figuras con voz autorizada para hablar de regionalización es Flor Weisse, actual presidenta del Core Biobío y a la que, según voces del espectro político regional, la dan como carta segura para competir en los inéditos comicios al sillón de gobernador regional.

El hito se enmarca dentro de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, la cual fue aprobada y promulgada en los últimos días del gobierno anterior y que establece que será el jefe de Estado quien “transferirá, a uno o más gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, una o más competencias” desde distintas reparticiones centralizadas.

Así, el Ejecutivo identificó como competencias a transferir a los gobiernos regionales un total de 15 facultades que hoy recaen sobre cuatro ministerios: Vivienda y Urbanismo, Transportes, Economía y Desarrollo Social.

COMPETENCIAS TRANSFERIDAS

En el caso de vivienda, se transfieren cinco competencias relativas a materias de ordenamiento territorial y planificación urbana, como por ejemplo, la elaboración del anteproyecto del Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano.

Desde el Ministerio de Transportes, en tanto, se individualizan siete competencias a transferir, entre ellas, la de determinar y priorizar los proyectos de subsidios del Programa de Apoyo al Transporte Regional, la prohibición de circulación en la vía pública por causa justificada y la de otorgar concesiones de radiodifusión comunitaria, además de fijar establecimientos que realicen revisión técnica y otorgar las respectivas concesiones mediante licitación pública.

A su vez, desde el Ministerio de Economía se identifican dos competencias a transferir. Una, desde la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), y otra, desde el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

En el caso de la Corfo, en una minuta de la Subdere que resume el contenido de los decretos, se detalla que los gobiernos regionales tendrán la competencia de “establecer la focalización temática y territorial” de los programas de Fomento y Calidad Focal, Bienes Públicos Regionales y Territoriales Integrados, todos tendientes a potenciar la productividad en los distintos territorios.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se transfiere solo una competencia relativa a determinar la localización territorial de la intervención de inversión regional, de asignación local, de los programas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), Yo Emprendo y Acción.

Flor Weisse explicó que si bien se evaluó transferir competencias también desde el Ministerio de Obras Públicas que son bien importantes para las regiones, por ejemplo en temas de agua potable, no se logró identificar su fuente jurídica o estaban en proceso de reglamentación, por lo que se tendrá  que esperar que termine ese proceso.

Luego de que la Contraloría tome razón de los decretos, los ministerios tendrán un plazo de 180 días para hacer efectivo el traspaso de las 15 competencias.

Dichas facultades serán transitorias y su transferencia tendrá una vigencia de dos años. Las ejercerán durante el año 2020 los actuales intendentes y, luego, cuando asuman el 6 de enero de 2021 los nuevos gobernadores regionales.

COMPETENCIAS LEGALES EXISTENTES

Las funciones que ya estableció la ley para el cargo del gobernador regional son las de administración de los bienes y recursos de la región, la ejecución del presupuesto, la planificación y formulación de políticas de desarrollo regional y la supervigilancia de los servicios públicos, además de presidir el consejo regional.

El delegado presidencial, en cambio, tendrá entre sus atribuciones la seguridad y el orden público, la coordinación de las seremis y adoptar las medidas para prevenir y enfrentar situaciones de catástrofe.