Posible montaje de Carabineros genera repudio en políticos y representantes gremiales

Rechazo transversal generó entre autoridades políticas y gremiales de la provincia de Biobío la revelación de un posible montaje por parte de Carabineros en la recopilación de pruebas que permitieron en su momento la captura de ocho personas, todas vinculadas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en el marco de la denominada “Operación Huracán”.

Recordemos que entre los detenidos por esta causa figuraron el líder de la CAM, Héctor Llaitul, y el sociólogo David Cid Aedo, quien al momento de ser apresado en el marco de esta investigación desempeñaba funciones a honorarios en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) de la Municipalidad de Los Ángeles.

Posteriormente, todos los involucrados en esta operación fueron liberados por orden de la Corte Suprema, que determinó que hubo falta de fundamentos para justificar la participación de éstos en los atentados imputados por el Ministerio Público.

Actualmente, la Fiscalía Regional de Temuco ordenó el cierre de la denominada “Operación Huracán” y, en paralelo, el fiscal que dirigía esa causa, Cristian Paredes, decidió abrir una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, argumentando una supuesta manipulación de la evidencia que utilizó el grupo policial para justificar las detenciones que se efectuaron en su momento en el marco de esta indagatoria judicial.

NUEVA LEY DE INTELIGENCIA

Al respecto el senador PPD por Biobío, Felipe Harboe, afirmó que, de comprobarse los hechos denunciados por el fiscal regional de la Araucanía, se trataría de una situación extremadamente grave.

“Falsear pruebas, pinchar teléfonos y hacer montajes para inculpar personas debe sancionarse con cárcel. Debemos proteger a la democracia y la justicia. El Gobierno debe exigir un informe en 72 horas al General Director de Carabineros y si no hay explicación, con pruebas que desmientan la acusación del Ministerio Público, deberían irse a retiro inmediato los mandos de inteligencia y todos quienes hayan participado de dicho montaje, sin perjuicio de las responsabilidades penales que deban enfrentar”, formuló el parlamentario.

Según Harboe, de corroborarse la acusación en contra de la institución uniformada se estaría ante el hecho más grave desde el inicio del nuevo sistema procesal penal, considerando que la denuncia incluye también una querella presentada por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, quien acusó a Carabineros de realizar un montaje en su contra, para vincularlo a una supuesta filtración de información por parte de una funcionaria de la fiscalía al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

“Hay que actuar rápido y drásticamente, no se puede dilapidar el prestigio de una institución por el actuar inescrupuloso e ilegal de algunos de sus integrantes. Aquí se habría mentido al Gobierno, a los jueces, a fiscales y a la opinión pública. Necesitamos una institución policial que salga de los escándalos y vuelva a recuperar el prestigio a que nos tenía acostumbrados”, sostuvo.

Además, considerando que el Ministerio del Interior ordenó un sumario en la institución y el fiscal nacional confirmó la investigación penal contra Carabineros, el parlamentario y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado afirmó que “es hora de una nueva ley de inteligencia para nuestro país. Me pongo a disposición del gobierno del presidente Piñera para un acuerdo político, en forma de entregarle a Chile una nueva ley de inteligencia, con un sistema que permita controles cruzados para evitar abusos y un sistema de control de gestión, para que Chile tenga un sistema de inteligencia preventiva y reactiva, a la altura de los desafíos de seguridad de esta era”, planteó.

CAPACIDAD DEL ESTADO

En la misma línea se manifestó su homólogo de la UDI por Biobío Cordillera, Víctor Pérez Varela, quien señaló que todo lo que ha rodeado a la denominada Operación Huracán estos últimos días, “pone en tela de juicio la capacidad del Estado para investigar y detener a los grupos violentistas”, dijo.

“El gobierno tiene que tener a la brevedad, en no más de 48 horas, absoluta claridad e informar a la opinión pública de qué es lo que ha sucedido, puesto que habiendo grupos violentistas en el país la ciudadanía espera que todos los órganos del Estado actúen coordinadamente para detenerlos y resulta que ahora no solamente hay una profunda divergencia, sino que hay acusaciones mutuas que conllevan como resultado la ineficacia del Estado para detenerlo”, opinó el senador gremialista.

De todos modos, recalcó, que el gobierno en una situación como ésta no puede desligarse de responsabilidades del momento que tiene como tarea fundamental el “guiar, dirigir, fiscalizar la acción de las policías, por lo tanto, a lo mejor no será culpable, pero que tiene una responsabilidad política en esto evidente”, puntualizó.

FALTA DE SERIEDAD

El diputado por la zona José Pérez Arriagada también exteriorizó su malestar frente a las últimas revelaciones ocurridas en este caso. El legislador dijo que el Ministerio del Interior debe realizar una investigación prolija y a fondo, “porque no se puede estar haciendo una acusación un día y desmintiéndola a la semana siguiente”, enfatizó.

“Esto ya parece juguete de niño, creo que aquí hay que enfrentar las cosas con seriedad y es el Ministerio del Interior el que tiene que dar un paso perentorio para que dentro de 4 a 5 días se esclarezca totalmente la situación y si hay irregularidades, deben sancionarse en forma ejemplificadoras”, aseveró el parlamentario radical.

“Las investigaciones de Carabineros, de la PDI, de quien sea, tienen que ser con seriedad y la Fiscalía tiene que actuar de la misma manera y con rapidez, porque aquí pasa el tiempo y después es como que no ha pasado nada, en circunstancias de que tenemos antecedentes de que han ocurrido una serie de situaciones que son muy lamentables en La Araucanía, con un alto costo para los privados y para el sector público, de tal manera que todo esto tiene que resolverlo rápidamente el Ministerio del Interior e informar al país de qué fue lo que pasó”, manifestó Pérez.

En tanto, la noticia del cierre de la investigación en la “Operación Huracán” por parte de la Fiscalía y la apertura de una investigación en contra de Carabineros, por un presunto montaje en este caso, fue calificada como una situación de la más alta gravedad por parte de la Asociación de Contratistas Forestales (ACOFARAG).

CONTRATISTAS FORESTALES

Por medio de un comunicado de prensa el gerente de la organización, René Muñoz, manifestó su malestar con las instituciones que se supone son las encargadas de velar por proteger a quienes han sido víctimas de hechos violentistas en La Araucanía y otras regiones del sur del país.

“A quien podemos creerle. Se supone que debemos confiar en la institucionalidad, pero cada vez vemos que esto está más podrido y no tenemos en quien confiar. Mientras tanto, seguimos siendo víctima de violentistas que nos quitan nuestras herramientas de trabajo y atacan a nuestros trabajadores”, señaló el dirigente.

“Es imperiosamente necesario que el gobierno comience a dar señales claras de respaldo a los trabajadores forestales. El Estado no sólo debe proteger y velar por algunos, sino que todos debemos ser iguales y durante los últimos años nos hemos dado cuenta que contratistas y trabajadores no somos prioridad para la autoridad”, agregó.

El representante gremialista culminó diciendo que “de una vez por todas necesitamos que el Estado se haga cargo en serio de lo que ocurre en el sur del país. ¿Hasta cuándo debemos seguir esperando? ¿Hasta cuándo se juega con temas tan delicados cómo estos y no se toman medidas concretas para terminar con los ataques? ¿Hasta cuándo trabajadores y contratistas serán víctimas directas de estos atentados? ¿Hasta Cuándo el Estado hace papelones como estos en temas tan importantes para miles de chilenos?”, remató.

Finalmente, el presidente de la Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán, se refirió sobre el tema, manifestando que, si bien prefiere no opinar en profundidad debido a que existe una investigación en curso, reconoció que se trata de una situación grave en ambos sentidos, tanto en las indagatorias por posibles filtraciones desde la Fiscalía como por las denuncias que afectan a Carabineros en relación a un posible montaje.

“Esto genera incertidumbre (…) Nosotros esperamos que se haga una investigación, porque todo esto es grave para el sistema y para el país”, indicó.